El respaldo del Partido Nacional al exintendente Guillermo Besozzi, imputado por siete delitos, ha generado una fuerte controversia política y judicial.
En una declaración oficial, la dirigencia nacionalista expresó su preocupación por la actuación de la Fiscalía y los procedimientos utilizados, aunque reiteró su confianza en el Poder Judicial. La presidente del Directorio del partido, Macarena Rubio, afirmó que "le asiste el estado de inocencia" y ratificó el apoyo a su candidatura a la Intendencia de Soriano.
El tema fue tratado en la Comisión de Asuntos Políticos del partido, donde algunos dirigentes buscaron una postura más contundente. Sin embargo, la declaración final optó por un tono más mesurado, aprobándose por unanimidad en una sesión breve. Rubio negó que esta postura sea una presión sobre la fiscal a cargo, señalando que "nos pronunciamos como partido político, siempre alertas del principio de separación de poderes".
Por otro lado, el Frente Amplio rechazó enérgicamente las acusaciones nacionalistas, calificando de "irresponsable" la idea de que la Fiscalía actúe con intenciones políticas para favorecer a su partido. En este sentido, su presidente, Fernando Pereira, desestimó la teoría de que el Frente Amplio controle el sistema judicial y aseguró que "es un disparate colocarlo como que tiene incidencia en Fiscalía".
Las críticas de los nacionalistas a la fiscal del caso también avivaron la polémica. El senador Sebastián Da Silva cuestionó su imparcialidad, señalando que su actividad en redes sociales refleja un sesgo contrario al Partido Nacional. A raíz de estos cuestionamientos, la fiscal Stella Alciaturi cerró su cuenta de Facebook tras la difusión de publicaciones que, según Da Silva, evidencian un "enorme antiblanquismo".
Ante esta escalada de tensiones, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay respondió rechazando los ataques a su labor. Su presidente, Willian Rosa, denunció que "es inadmisible y reprobable que, cada vez que se investiga el poder, surgen ataques sistemáticos con acusaciones carentes de evidencias". Además, alertó sobre la intención de generar un clima de presión sobre los fiscales que investigan casos de corrupción pública.
En este contexto, la Asociación de Fiscales anunció que ampliará su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que las agresiones verbales contra los fiscales afectan no solo a la institución, sino también a la confianza en el sistema Judicial.