Una compleja maniobra de estafas digitales, dirigida desde el interior del ex-Comcar, quedó al descubierto tras la denuncia de un ciudadano en Los Cerrillos.
La operación permitió aclarar once casos similares y culminó con varias condenas, incluyendo a tres personas recluidas y una adolescente.
El origen de la investigación se remonta al 28 de marzo, cuando un hombre de 54 años informó a la Policía que había sido engañado al comprar un motor fuera de borda por redes sociales. Tras transferir $10.000 a una cuenta bancaria y ser bloqueado en las plataformas de contacto, dio aviso a la Seccional 3.ª.
El seguimiento del caso permitió identificar a una menor de 16 años, quien operaba en conjunto con su pareja, C.A.P.F., de 26 años. Ambos estaban vinculados a un joven de 24 años que se encuentra recluido en la Unidad n.º 4 y quien habría facilitado el acceso a las cuentas utilizadas para recibir el dinero.
Desde el establecimiento penitenciario, otros cuatro internos también formaban parte de la organización. Entre ellos, B.N.A.P., E.D.L.P., M.J.J.D. y D.N.J.D.L.S., todos con antecedentes penales por delitos graves, coordinaban con personas en libertad para abrir cuentas de MiDinero que sirvieran de canal para transferencias fraudulentas.
En un operativo reciente, se detuvo a tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, además de una adolescente residente en Atlántida. En paralelo, los internos implicados fueron llevados a declarar ante la Fiscalía de Canelones.
Como resultado, se esclarecieron once hechos de estafa registrados en varias localidades de Canelones (Cerrillos, Progreso y El Pinar), así como en Montevideo, Maldonado, Florida, Lavalleja y Paysandú.
La Fiscalía de 1.º Turno formalizó a los involucrados. Tres de los internos fueron condenados a ocho meses de prisión efectiva por asociación para delinquir y estafa reiterada. G.E.A.I. y C.A.P.F., en tanto, deberán cumplir ocho meses de libertad a prueba, con control de DINAMA, tareas comunitarias y presentación semanal ante la policía.
La adolescente, por su parte, recibió una medida socioeducativa no privativa de libertad durante seis meses, bajo supervisión del INAU. Tres detenidos quedaron en libertad y uno de los reclusos no fue vinculado directamente con los hechos.