Un hombre de 35 años fue sentenciado a 9 años y 10 meses de prisión tras ser hallado culpable de reiterados delitos de abuso sexual y de corrupción de menores.
El abusador, que se presentaba como influencer en TikTok, utilizaba el videojuego Free Fire para establecer el contacto inicial con sus víctimas, menores de edad, de entre 11 y 15 años. A través de esta plataforma, obtenía sus datos de contacto para luego trasladar la comunicación a WhatsApp (y otras apps menos conocidas como Zangi).
LA MECÁNICA DEL ENGAÑO
El condenado iniciaba el contacto con los menores; en ocasiones, simulando ser un adolescente para establecer una relación de supuesta confianza. De acuerdo con los informes, empleaba frases de manipulación psicológica, intentando generar una familiaridad artificial con expresiones como: "te conozco", "tú me conocés a mí" y "cómo no te acordás de mí". Paralelamente, buscaba neutralizar la desconfianza asegurando: "no soy un ogro", "soy una buena persona".
Una vez logrado un vínculo de falsa seguridad, procedía a ofrecer beneficios materiales mediante frases como: "Mirá que yo te puedo regalar cosas" o "¿no querés pertenecer al clan Gobernantes?". Estas ofertas servían de pretexto para concertar encuentros físicos bajo la promesa de premios o dinero, citas que desembocaban en los actos de abuso sexual.
Según la fiscal a cargo del caso, Irena Penza, se mostraban claros mecanismos de extorsión y acoso telemático, llegando el sujeto a amenazar con dañar a las familias de las víctimas si se negaban a cooperar.
PERITAJE TELEFÓNICO REVELÓ VÍNCULOS CON DECENAS DE VÍCTIMAS
La investigación policial se activó en marzo de 2025 luego de que la madre de una de las víctimas descubriera el abuso y acoso que padecía su hijo, procediendo a formalizar la denuncia ante las autoridades.
El operativo fue coordinado por la Unidad Especializada en Violencia de Género, la Unidad de Cibercrimen y Delitos Complejos, y la fiscal de Canelones de 1º turno, Irena Penza.
Durante el arresto, el hombre mostró una actitud violenta: se resistió a ser esposado, incurrió en desacato, intentó destruir su teléfono y dispositivos electrónicos, y amenazó directamente a los oficiales y a la propia fiscal a cargo.
En el peritaje del dispositivo se hallaron conversaciones y material incriminatorio que lo vinculaba a decenas de víctimas tanto uruguayas como extranjeras, de entre 11 y 15 años.
En un proceso abreviado, el agresor fue condenado a 9 años y 10 meses de prisión por una larga lista de cargos que incluyen abuso sexual reiterado y especialmente agravado, junto con corrupción y ultraje de menores (grooming agravado) y acoso telemático de la misma índole. A estos se sumaron delitos de violencia privada reiterada, retribución o promesa de retribución a menores de edad y un delito de desacato durante su detención.